Académicos y especialistas cuestionan la viabilidad del fracking en México

Diversos especialistas en energía y medio ambiente han señalado que el fracking, o fracturación hidráulica, representa una forma de capitalismo fósil que contraviene los principios de sustentabilidad necesarios para el país. En el contexto actual, el debate sobre el uso de esta técnica para la extracción de hidrocarburos se ha intensificado ante la necesidad de transitar hacia fuentes de energía más limpias y menos agresivas con los ecosistemas nacionales.

Durante la campaña presidencial, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió explícitamente a evitar el uso de esta práctica en el territorio mexicano. La propuesta, registrada como el punto 87 de su plataforma de campaña, establece la prohibición de la fracturación hidráulica para la exploración y extracción de hidrocarburos, argumentando los riesgos irreversibles para los mantos acuíferos y la biodiversidad en las regiones de explotación.

Desde la perspectiva de organizaciones civiles y académicos, la implementación del fracking no solo genera daños ambientales profundos, sino que perpetúa un modelo de dependencia hacia combustibles fósiles que ha sido ampliamente cuestionado a nivel global. Los especialistas subrayan que las promesas de campaña deben traducirse en políticas públicas claras que blinden las zonas vulnerables frente a las presiones de la industria extractiva.

Por su parte, el equipo de la administración federal ha reiterado que la política energética del país busca fortalecer la soberanía sin comprometer los recursos hídricos fundamentales para el consumo humano y las actividades agrícolas. La discusión permanece abierta en el Congreso de la Unión, donde se espera que se discutan las reformas necesarias para formalizar esta prohibición a nivel legislativo durante el presente periodo ordinario.

La postura gubernamental frente al fracking se mantiene en sintonía con las metas de reducción de emisiones y protección ambiental establecidas por la SEMARNAT. La ciudadanía y diversos grupos defensores del territorio continúan vigilantes ante cualquier proyecto que pudiera vulnerar las promesas ambientales presentadas por el actual gobierno de la República.