Aumenta despojo de tierras en seis estados bajo opacidad judicial

El fenómeno del despojo de tierras se ha consolidado en al menos seis estados del país, donde la pérdida de patrimonio para familias y pequeños propietarios se ha convertido en una constante. Datos recopilados en los últimos meses indican que estas entidades concentran la mitad de los casos reportados a nivel nacional, afectando principalmente zonas de alta plusvalía y áreas rurales con disputas territoriales pendientes. La problemática ha escalado ante la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales y federales.

El sistema de justicia enfrenta críticas severas debido a que casi el cuarenta por ciento de las denuncias presentadas ante las fiscalías estatales son desechadas de manera inmediata. Los ministerios públicos suelen clasificar estos actos como conflictos civiles entre particulares, lo que impide que el Poder Judicial inicie investigaciones penales por robo o fraude inmobiliario. Esta práctica administrativa deja a las víctimas en un estado de indefensión, obligándolas a emprender procesos legales largos y costosos que rara vez resultan en la restitución de sus bienes.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que la impunidad es el principal factor que permite la continuidad del despojo. En muchos casos, los denunciantes refieren el uso de documentos apócrifos y la colusión de funcionarios en registros públicos, quienes facilitan cambios de propietario de manera ilegal. La falta de coordinación entre las instituciones municipales y los órganos de procuración de justicia estatal ha permitido que bandas especializadas operen con mayor libertad en regiones vulnerables.

Ante este panorama, colectivos de defensa de la propiedad han solicitado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República una revisión integral de los marcos jurídicos estatales. La propuesta consiste en establecer protocolos de actuación que obliguen a las fiscalías a investigar el origen de la propiedad antes de archivar cualquier expediente. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha expresado que se requiere un esfuerzo coordinado con las autoridades estatales para frenar el avance de estas estructuras delictivas que vulneran el patrimonio nacional.