Exigen justicia para mineros desaparecidos y mayor seguridad en Sinaloa
Colectivos y representantes de la industria minera demandan al gobierno federal garantías de seguridad tras la desaparición y asesinato de trabajadores en Sinaloa.

Familiares de trabajadores mineros y representantes del sector industrial en Sinaloa han alzado la voz esta semana para exigir justicia ante la reciente ola de violencia que ha impactado la actividad extractiva en la entidad. El reclamo principal se centra en el esclarecimiento de los casos de trabajadores desaparecidos y asesinados en zonas mineras, buscando evitar que estos hechos se diluyan en las estadísticas oficiales de inseguridad que afectan a diversas regiones del país.
La industria minera ha dirigido una petición formal a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando un incremento en la presencia de fuerzas federales y la implementación de protocolos de seguridad específicos para las operaciones mineras. Los empresarios del sector señalan que las condiciones actuales han dificultado la operatividad y, lo más crítico, han vulnerado el derecho a la integridad física de quienes laboran en las minas, quienes se sienten desprotegidos ante la presencia de grupos delictivos en las zonas rurales.
Ante esta situación, el gremio minero ha propuesto la creación de mesas de trabajo permanentes con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para diseñar estrategias de vigilancia coordinada. La propuesta busca que la Guardia Nacional y las autoridades estatales establezcan patrullajes constantes en las rutas de transporte y en los perímetros de las unidades extractivas, garantizando así un entorno donde la actividad económica pueda desarrollarse sin riesgos extraordinarios.
Por su parte, las autoridades federales han indicado que se revisarán los protocolos de seguridad actuales para atender las demandas del sector. Se prevé que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) actúe como mediador para coordinar las acciones entre la federación y el gobierno estatal de Sinaloa, con el fin de avanzar en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los casos de violencia contra los trabajadores mineros.
El reclamo de las familias, que se suma a la presión del sector productivo, subraya la necesidad de una respuesta institucional que trascienda la atención mediática y se traduzca en resultados concretos de justicia. La sociedad sinaloense, particularmente en los municipios con tradición minera, espera que el diálogo con el gabinete de seguridad federal resulte en medidas efectivas que logren frenar la impunidad y garantizar el retorno a condiciones de paz laboral.
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