Extorsión afecta hasta 5% del valor en cadena productiva del aguacate

La extorsión en las zonas productoras de aguacate ha generado un impacto negativo que alcanza hasta el 5% del valor total de la cadena de suministro, afectando desde el cultivo hasta la comercialización final. Representantes del pequeño comercio señalan que este fenómeno delictivo encarece el producto, especialmente ante la alta demanda que se registra cada año con motivo de eventos internacionales como el Super Bowl, donde el aguacate mexicano es un protagonista clave en el mercado estadounidense.

El gremio de comerciantes y productores ha planteado que la exportación del fruto debe ser incorporada formalmente dentro de la estrategia integral de seguridad. La propuesta busca que las autoridades federales, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, establezcan protocolos de vigilancia más estrictos en las rutas de transporte y centros de acopio en las entidades con mayor producción, como Michoacán y Jalisco.

Actualmente, el sector sostiene que los costos operativos se han visto incrementados por la necesidad de implementar medidas de seguridad privada y el pago de cuotas impuestas por grupos delictivos en diversas regiones. Esta situación no solo presiona el precio para el consumidor final, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de trabajadores agrícolas que dependen de la exportación a mercados internacionales.

Los líderes del sector comercial han hecho un llamado para que el gobierno federal y las autoridades locales coordinen esfuerzos con el fin de blindar la cadena productiva. La intención es que, al garantizar la seguridad durante el traslado y empaque, se logre estabilizar los precios y proteger la competitividad del aguacate mexicano frente a la creciente presión inflacionaria y las dificultades logísticas derivadas de la inseguridad.

Finalmente, el gremio enfatizó que cualquier política pública que busque combatir la extorsión debe tener un enfoque preventivo y de inteligencia. Se espera que, mediante un diálogo estrecho con la Secretaría de Economía y los organismos de seguridad, se puedan implementar acciones concretas que mitiguen el impacto financiero en los pequeños productores y comerciantes, asegurando así la sostenibilidad de una de las industrias agroalimentarias más importantes para la economía nacional.