Kenia López Rabadán critica a Luisa María Alcalde por listado de cuentas

La senadora Kenia López Rabadán cuestionó este sábado el actuar de la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, tras la reciente exposición pública de un listado compuesto por 120 cuentas de redes sociales identificadas como críticas hacia la administración federal. Según la legisladora, este tipo de acciones representan un exceso en las funciones de la Consejería Jurídica y rebasan los límites éticos esperados en la administración pública.

El señalamiento se centra en la preocupación sobre el uso de recursos y atribuciones institucionales para monitorear y exhibir a ciudadanos o usuarios de plataformas digitales que manifiestan posturas contrarias a las políticas oficiales. López Rabadán enfatizó que el ejercicio de la función pública debe regirse por principios de neutralidad y respeto a la libertad de expresión, en lugar de focalizar esfuerzos en la vigilancia de voces críticas en el espacio digital.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Consejería Jurídica ha sostenido en ocasiones previas que el análisis de la información en redes forma parte de las tareas de monitoreo de la opinión pública nacional. Argumentan que la transparencia sobre quiénes emiten opiniones es necesaria para informar a la ciudadanía sobre posibles campañas de desinformación o ataques coordinados en plataformas digitales.

Esta controversia ocurre en un momento donde el debate sobre la protección de datos personales y la relación entre el Estado y el ejercicio de la crítica en internet cobra relevancia en el Congreso de la Unión. La oposición ha solicitado que se aclaren los criterios utilizados para la elaboración de dicho listado, advirtiendo sobre el riesgo de intimidación hacia los usuarios que utilizan las redes sociales como canales de expresión política.

La discusión sobre el manejo de este tipo de listas se mantiene abierta, mientras diversos grupos parlamentarios evalúan presentar puntos de acuerdo para solicitar informes detallados sobre los protocolos de monitoreo de la Presidencia. El objetivo, según la oposición, es garantizar que ninguna institución del Estado utilice sus facultades para inhibir la libertad de crítica en el México contemporáneo.