La SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que todas las investigaciones judiciales relacionadas con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben realizarse bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. Este fallo establece que dicha metodología no es una opción discrecional para los jueces, sino una obligación constitucional ineludible al momento de analizar la carga probatoria y las circunstancias de cada caso.

La decisión del máximo tribunal del país responde a la necesidad de reconocer que las mujeres que ejercen labores de defensa suelen enfrentar riesgos diferenciados debido a su rol social y su actividad. De acuerdo con el criterio aprobado, los juzgadores deberán considerar el contexto específico de vulnerabilidad, las dinámicas de poder y las violencias estructurales que pudieron motivar o agravar la desaparición de la víctima.

El mandato de la SCJN enfatiza que la interseccionalidad es fundamental para desmantelar prejuicios durante el proceso penal. Esto implica que las autoridades deben evaluar cómo factores como la condición socioeconómica, el origen étnico o el entorno geográfico se entrelazan para aumentar la exposición al peligro de quienes defienden el territorio, el medio ambiente o los derechos fundamentales en diversas regiones de México.

Esta resolución busca transformar las prácticas en las fiscalías y tribunales locales, donde históricamente se han omitido las razones de género en las líneas de investigación sobre desapariciones. Al integrar este enfoque, se pretende garantizar el acceso a la justicia y la verdad, evitando la revictimización y asegurando que se agoten todas las hipótesis de investigación vinculadas directamente con la labor de defensa que desempeñaban las víctimas.

Con esta medida, el Poder Judicial refuerza su postura frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección a personas defensoras. Se espera que los tribunales inferiores ajusten sus protocolos de actuación de manera inmediata, cumpliendo con los estándares de debida diligencia que exige el sistema jurídico mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones que afecta a diversos colectivos en el territorio nacional.