Nómina absorbe más de la mitad del presupuesto solicitado por el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido su propuesta presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un total de 14 mil 36 millones de pesos. De acuerdo con los documentos internos del órgano electoral, más del 50 por ciento de este monto será destinado exclusivamente al rubro de servicios personales, lo que incluye la nómina de sus trabajadores y diversas prestaciones laborales.

Este planteamiento financiero busca cubrir la operatividad administrativa y técnica del instituto en un año que, aunque no presenta elecciones federales concurrentes de gran escala, exige el mantenimiento constante de la infraestructura de atención ciudadana y la actualización del padrón electoral. La cifra solicitada refleja los compromisos contractuales vigentes y los ajustes salariales determinados por la normativa laboral mexicana.

El anteproyecto será entregado formalmente ante la Cámara de Diputados en los próximos meses, conforme al calendario legislativo establecido. Los consejeros electorales han señalado que la estructura de gastos está diseñada para garantizar la funcionalidad de los procesos registrales y la organización de las actividades ordinarias que el INE tiene bajo su responsabilidad constitucional.

La SHCP deberá evaluar esta petición dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, buscando un equilibrio entre las necesidades operativas del árbitro electoral y la política de austeridad republicana que marca la administración federal. El debate legislativo sobre este presupuesto permitirá definir si los montos solicitados se mantienen intactos o si se realizarán ajustes a las partidas sugeridas por el INE.

Finalmente, el instituto sostiene que la mayor parte del presupuesto se concentra en el personal debido a la naturaleza técnica y especializada de las tareas que realizan sus empleados a lo largo de las juntas distritales y oficinas centrales en todo el país. Esta carga presupuestal es una constante que el INE ha tenido que gestionar para asegurar la estabilidad de su fuerza laboral.