Segob pide austeridad presupuestal a INE y Poder Judicial para 2027
La titular de Gobernación exhortó a los organismos autónomos a ejercer prudencia financiera ante la próxima discusión del Paquete Económico.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado formal este sábado a los órganos autónomos y al Poder Judicial para que actúen con responsabilidad y austeridad al presentar sus solicitudes de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027. La funcionaria subrayó que, ante la planeación del próximo Paquete Económico, es indispensable que las instituciones ajusten sus necesidades operativas a la realidad financiera del país, evitando gastos que puedan considerarse excesivos por la administración federal.
El exhorto de la Secretaría de Gobernación se produce en un momento clave, mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja en la integración de los proyectos de gasto que serán enviados al Congreso de la Unión. La postura de la dependencia federal enfatiza que la disciplina fiscal es una prioridad para el gobierno, buscando que los recursos públicos se concentren en los programas sociales y en los proyectos de infraestructura estratégica que definen la agenda nacional actual.
Desde la Segob se ha planteado que, si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuentan con facultades para definir sus requerimientos presupuestales, estos deben estar alineados con los principios de eficiencia y transparencia. El equipo de la dependencia federal reiteró que la gestión de los recursos debe ser coherente con las políticas de ahorro implementadas por el Ejecutivo, evitando el dispendio en áreas administrativas o gastos operativos no prioritarios.
La respuesta de los organismos autónomos respecto a estas peticiones de austeridad será observada de cerca en las próximas semanas, conforme se acerque la fecha legal para la entrega del Paquete Económico a la Cámara de Diputados. El debate sobre el presupuesto 2027 se perfila como un punto de encuentro crítico entre el Poder Ejecutivo y los entes que integran el Estado, donde la transparencia en el ejercicio del gasto público será el eje central de las negociaciones políticas.
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