Moody’s advierte que reformas judiciales limitan la inversión privada en México
La calificadora internacional señala que los cambios en el sistema judicial y otras reformas generan incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos en el país.

La agencia calificadora Moody’s informó este martes que la inversión privada en México continúa enfrentando obstáculos significativos debido a las recientes modificaciones en el sistema judicial. Según el análisis de la institución, la incertidumbre jurídica ha afectado la confianza de los inversionistas, quienes observan con cautela los cambios estructurales que podrían impactar el entorno de negocios en el mediano plazo.
El reporte destaca que no solo la reforma al Poder Judicial es motivo de preocupación para los mercados. La agencia también advirtió sobre otras reformas legislativas recientes que, a su juicio, han debilitado las garantías necesarias para el cumplimiento de contratos, lo que complica la proyección de proyectos de inversión a largo plazo en diversas industrias estratégicas del país.
Para los analistas de la calificadora, el fortalecimiento del Estado de derecho es un componente indispensable para atraer capital extranjero y nacional. La persistencia de dudas sobre la independencia judicial y la estabilidad de las reglas del juego son factores que, según el documento, han frenado el dinamismo económico que se esperaba en sectores clave bajo el actual marco legal.
Ante este escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mantenido la postura de que el marco jurídico vigente busca garantizar una mayor transparencia y agilidad en la impartición de justicia. El gobierno federal sostiene que estas adecuaciones son necesarias para modernizar las instituciones mexicanas y eliminar prácticas que, históricamente, han sido señaladas por falta de eficiencia.
Sin embargo, la percepción de los organismos internacionales subraya la necesidad de un diálogo constante entre el sector público y el privado para salvaguardar la certidumbre jurídica. El cumplimiento de los tratados comerciales y el respeto a los contratos vigentes permanecen como puntos centrales en la agenda de los inversionistas que evalúan el riesgo país en el contexto económico actual.
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